El pasado sábado 10 de julio de 2021 se publicó en el BOE núm. 164 la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
La comúnmente conocida Ley antifraude, trae una nueva obligación para las empresas y los autónomos, con el objetivo de no permitir la producción y tenencia de programas y sistemas informáticos que permitan la manipulación de los datos contables y de gestión, y como ocurre con el resto de obligaciones tributarias, establece un grupo de conductas que define como infracciones tributarias y sus respectivas sus sanciones, que pueden llegar hasta los 150.000 euros para los fabricantes y comercializadores por cada ejercicio y programa vendido que no se ajuste a las especificaciones indicadas. Adicionalmente, la citada Ley define infracciones y sanciones para aquellos programas informáticos o electrónicos que no se certifiquen conforme a lo dispuesto en esta y otras disposiciones reglamentarias. La falta de certificación, se sanciona con una multa de 1.000 euros por programa vendido. Asimismo, se definen infracciones para los usuarios finales, por la tenencia de programas informáticos o electrónicos que no estén debidamente certificados. La multa puede llegar hasta los 50.000 euros.
Se añade una nueva letra j) en el apartado 2 del artículo 29 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria (en adelante LGT), que queda redactada de la siguiente forma:
j) La obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos. Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos estándar para su legibilidad.»
Se introduce un nuevo artículo 201 bis a la LGT, que establece el conjunto de infracciones tributarias por fabricación, producción, comercialización y tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las especificaciones exigidas por la normativa aplicable, que queda redactado de la manera siguiente: